Aunque La Guajira aún no presenta una gran cantidad de casos de covid-19, el riesgo de un aumento desmedido y las consecuencias a mediano plazo de la cuarentena, necesitan de la atención estatal urgente.
Por Ajax Camilo
La falta de acceso a agua potable, los impactos de la cuarentena, presencia de grupos armados ilegales y un aumento significativo de los casos de coronavirus son parte del llamado de atención a la situación de La Guajira. Estas es una de las preocupaciones que nos comparten los medios de Viva FM, en Villanueva, y la Asociación Salto Ángel, desde Riohacha, que hacen parte de Somos Enlace.
Si bien el departamento presenta pocos casos de contagio de coronavirus ―158 casos para el 18 de junio―, en comparación con departamentos como el Cesar o el Atlántico (con 589 y 5337 casos, respectivamente), dos factores hacen encender las alarmas. El primero, como señala Junior de la Hoz, de Viva FM, es el bajo número de pruebas que se realizan en el departamento. Para el 16 de junio solo se tomaron 12 muestras en toda la región. Esto podría explicar la baja cifra que reporta La Guajira de contagios, pero también puede estar ocultando un impacto más realista del Covid-19. En el municipio de Villanueva, en total se han realizado 15 pruebas para una población de cerca de treinta mil personas.
El segundo, es que se reportaron 32 nuevos contagios en soldados que regresaron de vacaciones a la región:
La frontera y el acceso al agua
Maicao es el punto de contacto entre Venezuela y Colombia y posee cerca de la mitad de los casos reportados; por ello, lo que lo hace un punto de especial atención.
Katerine Pérez, del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar (PDPC) ―quienes trabajan con 13 comunidades en La Guajira―, nos comparte la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo del 16 de septiembre del 2019 sobre este municipio. En esta se advierte de un aumento de la presencia y violencia por parte de grupos ilegales en la zona urbana y rural; grupos como los Pranes (exconvictos venezolanos), el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organizaciones que también extienden su presencia a lo largo del departamento.
Otra alerta que nos comparte Katerine, desde el trabajo que realiza el PDPC, han sido las dificultades para acceder a los alimentos durante la cuarentena para las poblaciones indígenas y migrantes de Venezuela. Aunque el gobierno y otros actores privados han hecho entrega de mercados, estos no son suficientes para solventar las dificultades económicas y la imposibilidad de moverse hacia los centros de abastecimiento, como Riohacha.
Esto se suma a una deuda histórica del Estado colombiano con la región para abastecerla de agua potable. Cuenta Junior de la Hoz que en Villanueva solo se presta el servicio de acueducto durante 6 horas cada día de por medio:
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Uno de los esfuerzos locales para enfrentar esta situación es Somos+Juntos, iniciativa del PDPC que está brindando kits de producción agrícola para el sustento casero en las poblaciones con las que tienen presencia en La Guajira, Cesar y Magdalena. Esta iniciativa nació como una propuesta de sostenibilidad para las temporadas de sequía y lluvias que se aproximan, según un sondeo que hicieron con las comunidades.
El acceso al agua es lo más complicado, por eso están buscando soluciones como el envío de carrotanques. “Nosotros no somos el Estado para brindar las instalaciones, pero sí para solventar las dificultades en algunos momentos», aclaró Katerine.
