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El departamento de Vichada posee una amplia frontera fluvial compartida con Venezuela. Esta cercanía ha impulsado que, en los últimos cinco años, haya aumentado la diáspora migratoria de personas venezolanas en la región.

Algunas de estas extranjeras argumentan que la situación económica, política y social, así como la crisis en salud, les obligó a buscar nuevas alternativas de vida para ellas y sus familias.

“Soy venezolana y madre de dos hijos, uno de ellos nació aquí en Puerto Carreño. Me vine hace dos años a trabajar para Colombia y por cuestiones de la vida, tuve a mi segundo hijo aquí. No pude, ni quise, ir a Venezuela a dar a luz, porque, es que allá no hay condiciones en salud. Allá es muy difícil la situación en los hospitales, difícilmente se consigue insumos médicos”, dijo Marlenis Martínez.

La problemática se conoció en el departamento, especialmente en la capital, cuando algunas madres de nacionalidad venezolana denunciaron ante este medio de comunicación que dieron el alumbramiento en territorio colombiano y no habían logrado la plena identidad de sus hijos menores de edad, por ende, no tenían el acceso a la salud y demás derechos.

Es el caso de Kerlys Montoya, reseñado en abril de este año por EL MORICHAL, donde una joven madre venezolana expresó que, a pesar de vivir en Puerto Carreño desde hace un año y haber tenido un parto natural en una finca (sector de la prefería), no había tenido acceso al registro y plena identidad de su niña.

“No le he podido sacar la partida de nacimiento porque me han dicho que es difícil; no tengo conocimiento de qué puedo hacer para que ella tenga su registro de nacimiento. La niña se me ha enfermado y he tenido problemas en el hospital, no me cubre el área de pediatría”, aseguró en ese momento la extranjera.

Esta situación encendió las alarmas en la Personería Municipal frente a la restitución de derechos. En ese entonces, la personera Norby Segura también expuso el caso de una indígena venezolana que, en trabajo de parto, llamó insistentemente a una ambulancia para que la recogiera en su asentamiento (junto al CINER), y no fue posible. 

“El niño nació en la comunidad y todavía es la hora que no ha sido registrado; ella sigue dando paseo ante las instituciones. Ese niño está en riesgo de apátrida, no le han querido solucionar su situación. Así hay muchos”, explicó en su momento la funcionaria.

En razón al inminente riesgo de apatridia de los niños y niñas hijas de personas venezolanas nacidas en Colombia, el pasado mes de agosto, a través de la Resolución 8617 de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior buscó una estrategia para garantizar los derechos fundamentales, culturales y de identidad de los pueblos indígenas, y de los niños y niñas nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos, que no cumplen con el requisito de domicilio para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento y evitar la apátrida.

Básicamente es una prolongación al proceso de registro que viene desde 2019, que ahora irá hasta septiembre de 2023, y le permite a padres y madres venezolanos registrar a sus hijos nacidos en Colombia del año 2015 en adelante.

Registro con enfoque diferencial

En virtud de que muchos niños y niñas nacían en los diferentes resguardos, asentamientos y comunidades indígenas, por sus usos y costumbres, a través de sus nodrizas que las ayudan en los partos y el difícil traslado por urgencias hasta los hospitales de la zona urbana, “se nos estaba negando ese derecho a poder registrar a los niños, sabiendo que por nuestros usos y costumbres muy pocas son las indígenas que van a parir a los hospitales, la mayoría siempre tienen sus hijos en las comunidades y asentamientos”, explicó la líder indígena Henny Gutiérrez.

EL MORICHAL conoció que, en la actualidad, a pesar de no tener un censo definido y concreto de estos casos en Puerto Carreño, desde la Registraduría se han programado varias jornadas de registro civil e identificación este año, logrando atender un total de 1.079 trámites, de los cuales, 401 corresponden a inscripción de registro civil de nacimiento, 332 trámites de tarjetas de identidad y 346 trámites de cédula de ciudadanía.

A nivel del departamento se tuvo un total de 3.842 atenciones, de los cuales 1.119 son registro civil de nacimiento, 1.143 tarjetas de identificación y 1.280 cédulas de ciudadanía. 

“Es una excelente noticia que se hayan pronunciado sobre este tema, en atención que se han atendido muchísimos casos de las madres indígenas y de migrantes, en esta situación”, dijo la personera Municipal de Puerto Carreño.

Norby Segura, también argumentó que “esperamos que tenga validez, entendiendo y esperando de buena fe que la Registraduría de acá en Puerto Carreño no imponga nuevas barreras. Lo importante en este caso es garantizarles un nombre, un apellido, una identificación a estos niños y niñas que nacen en los resguardos, en asentamientos indígenas y en las fincas, y a todos los niños que nacen aquí en Colombia”.

Las barreras a que hace mención la defensora de derechos humanos, están dirigidos a la apostilla de los documentos o registro civil de nacimientos para el caso de los padres y madres provenientes desde Venezuela. “Todos sabemos que es una agonía tener esos documentos apostillados, porque primero son personas de la población indígena muy vulnerables, de escasos recursos, y un transporte para allá es muy caro. Segundo, todos conocemos las circunstancias de tiempo que conlleva este trámite”, expuso Segura, aduciendo que ahora se podía aportar una prueba sumaria, como un testimonio, el certificado del capitán indígena de niño o niña nacido vivo.

“Hay que pensar primordialmente en los derechos de los niños, todos los derechos nacen con tu nombre. Al nacer lo primero que tienes es derecho a un nombre, a una identificación, para que el estado te reconozca como persona. Si tu no estas reconocido, ¿cómo accedes a la educación? ¿A la salud? A todo, porque lo primordial es el nombre como un derecho originario, sin eso no puedes acceder a nada”, indicó la personera municipal de Puerto Carreño.

Daikar Chipiaje es una indígena venezolana que tenía dificultad para registrar a su hija de 9 nueve meses, nacida en nuestro territorio. Hoy aseguró que su hija menor ya tiene un nombre y una identidad civil que la acredita como colombiana. “Ella nació aquí pero no tenía nombre ni identidad, fue hasta hace poco que me dieron los certificados de ella”.

Así mismo, Gutiérrez explicó que aún hay mucha población pendiente por recibir sus registros civiles de nacimientos. “Había personas mayores de 17 años que no habían sacado registro civil, inclusive hay adultos bien viejitos o de tercera edad que están sin documento de identidad. Se mitigó un poco esta situación a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAPV”, dijo la líder indígena.

Desde la personería municipal, indicaron que a la fecha han tramitado tres casos en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de posible riesgo de apátridas. “Fueron casos que encontramos en una salida de campo al asentamiento humano indígena del CINER, hijos de extranjeros y de población indígena, pero nacidos aquí. Bienestar inició su trámite con la colaboración de nosotros”. Dijo la funcionaria.

El proceso

La Registraduría de Puerto Carreño se encuentra brindando atención directa a los miembros de las comunidades que se encuentran en el municipio. “Los padres pueden acercarse a la Registraduría sin cita previa, a realizar el trámite de registro civil de nacimiento de sus hijos, donde deberán presentar los siguientes documentos: Certificado de nacido vivo de la República de Colombia o la ‘autorización indígena’ diligenciada por la autoridad indígena de la comunidad”.

“Cuando yo voy a certificar un nacimiento, lo hago con una certificación indígena anexando el reconocimiento del capitán”, explicó la gobernadora indígena Henny Gutiérrez.

Para el caso de hijos de personas extranjeras, adicionalmente, el padre y la madre deben presentar alguno de los siguientes documentos para identificarse como declarantes al momento de la inscripción del registro: cédula de extranjería vigente o vencida, Permiso Especial de Permanencia – PEP vigente o vencido, Permiso por Protección Temporal – PPT, Pasaporte expedido por la República Bolivariana de Venezuela vigente o vencido, cédula de identidad expedida por la República Bolivariana de Venezuela vigente o vencida.

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Vacunación COVID: Una luz de esperanza para migrantes irregulares en Puerto Carreño

Entre el pasado 9 y 25 de septiembre, las personas migrantes venezolanas mayores de 12 años residenciadas en Puerto Carreño (Vichada), que se encuentran de manera irregular en el país, pudieron inscribirse en una base de datos adelantada por Salud Pública Municipal, para acceder a la vacuna contra la COVID-19.

“Lo que nos ha dicho el Ministerio es que, primeramente, es un censo para esta población… ellos toman la decisión de cuántas personas hay en este censo y así más adelante poder acceder las vacunas para estas personas”, explicó a EL MORICHAL Yesenia Contreras, coordinadora de vacunación en el Municipio de Puerto Carreño.

Actualmente, las organizaciones gubernamentales y cooperantes presentes en la región calculan que, en la capital vichadense, existen alrededor de dos mil migrantes con estatus irregular. Es decir, sin pasaporte, visa o Permiso Especial de Permanencia (PEP) en territorio colombiano. 

“Es una población flotante, hoy están y mañana no. Pero, creería que al menos unas dos mil personas que se encuentren de forma permanente en Carreño podrían censarse. Eso ya sería un avance grande en la vacunación”, dijo Contreras. 

Sin embargo, con corte al 13 de septiembre, solo 234 personas se habían registrado. “La idea es que todas las personas que habiten en el municipio de Puerto Carreño, adquieran la vacuna, independientemente de su condición social, de su nacionalidad”, precisó la funcionaria municipal.

Las personas venezolanas que cuentan con el PEP y estén afiliados al régimen de salud, pueden acceder a la vacuna acercándose a las carpas de vacunación dispuesta en Puerto Carreño. 

Que nadie se quede por fuera

El proceso de caracterización lo lidera la Alcaldía de Puerto Carreño, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero la iniciativa ha tenido eco en algunos líderes comunales y migrantes que tienen contacto con los potenciales beneficiarios.

“Estamos con el censo a nivel comunal, la idea es que ningún migrante se quede sin la vacunación”, manifestó Alba Lucia Maldonado, presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Mateo, donde habitan alrededor de 400 migrantes. 

El “Grupo Democracia Directa sin Discriminación – (3D) Migrantes Venezolanos”, que actualmente reúne a más de 797 familias y alrededor de 3.000 extranjeros, ha dispuesto su andamiaje para facilitar el proceso de registro. 

Rona Siba, líder de esa organización de migrantes, logró conformar un grupo de connacionales venezolanos que tienen dentro de otras misiones, consolidar la focalización para el censo previo a la vacunación. Para ello, han creado la figura de “pregoneros” en los barrios con mayor presencia de extranjeros.

“Ellos son los encargados de llevar el censo casa a casa en las comunidades de Puerto Carreño. Son 30 pregoneros, cada uno de ellos está encargado de censar mínimo 12 familias distribuidas en 21 zonas urbanas”, explicó Siba.

Wilmer Arcia, un venezolano radicado en la capital vichadense desde hace dos años, que acudió al registro, dijo sentirse “muy bien porque al menos tenemos esa posibilidad de poder aspirar a vacunarnos, es grato que nos tomen en cuenta a nosotros los venezolanos, estoy agradecido”. Fue enfático en decir: “yo me quiero vacunar por la seguridad de mi familia y de todos los que están a nuestro alrededor”.

Sin embargo, según la lideresa venezolana, hay algunos extranjeros que se niegan a vacunarse, “quizás por falta de conocimiento del tema o la poca divulgación de la información para la vacunación a los migrantes sin afiliación. Otros se atemorizan ante las campañas por el desprestigio de la vacuna o simplemente tienen miedo a los efectos secundarios”.

¿Los extranjeros esperan ser vacunados en Colombia?

Las opiniones de los extranjeros entrevistados frente a la preferencia de esperar la inyección contra la COVID-19 desde este lado de la frontera, fueron variadas, pero sus motivos coincidieron en el “no retorno a su país de origen”.

“En Venezuela las vacunas son politizadas a través de una página del régimen del gobierno o el carnet de la patria”, dijo Rona Siba.

Ana Pérez, migrante venezolana, manifestó que, “para mí es más fácil acceder a vacunarnos acá, porque vivimos en Carreño desde hace 2 años. El trasladarnos hasta Venezuela nos resulta muy costoso en pasajes que se pagan en pesos o dólares, más la comida allá también es costosa y no se puede. Además, no sé si hay biológicos, lo desconozco”.

A través de fuentes allegadas al sistema de salud venezolano, este medio de comunicación conoció que en Puerto Ayacucho (Estado Amazonas), existe un proceso de vacunación garantizado para la población, donde los biológicos utilizados son Sinopharm y Sputnik. En ambos casos el esquema requiere de dos dosis.

“Aquí el proceso de vacunación es rápido y gratuito”, le dijo a EL MORICHAL un habitante (que nos pidió proteger su identidad) en Puerto Ayacucho, frontera con Puerto Carreño.

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