El departamento de Vichada posee una amplia frontera fluvial compartida con Venezuela. Esta cercanía ha impulsado que, en los últimos cinco años, haya aumentado la diáspora migratoria de personas venezolanas en la región.

Algunas de estas extranjeras argumentan que la situación económica, política y social, así como la crisis en salud, les obligó a buscar nuevas alternativas de vida para ellas y sus familias.

“Soy venezolana y madre de dos hijos, uno de ellos nació aquí en Puerto Carreño. Me vine hace dos años a trabajar para Colombia y por cuestiones de la vida, tuve a mi segundo hijo aquí. No pude, ni quise, ir a Venezuela a dar a luz, porque, es que allá no hay condiciones en salud. Allá es muy difícil la situación en los hospitales, difícilmente se consigue insumos médicos”, dijo Marlenis Martínez.

La problemática se conoció en el departamento, especialmente en la capital, cuando algunas madres de nacionalidad venezolana denunciaron ante este medio de comunicación que dieron el alumbramiento en territorio colombiano y no habían logrado la plena identidad de sus hijos menores de edad, por ende, no tenían el acceso a la salud y demás derechos.

Es el caso de Kerlys Montoya, reseñado en abril de este año por EL MORICHAL, donde una joven madre venezolana expresó que, a pesar de vivir en Puerto Carreño desde hace un año y haber tenido un parto natural en una finca (sector de la prefería), no había tenido acceso al registro y plena identidad de su niña.

“No le he podido sacar la partida de nacimiento porque me han dicho que es difícil; no tengo conocimiento de qué puedo hacer para que ella tenga su registro de nacimiento. La niña se me ha enfermado y he tenido problemas en el hospital, no me cubre el área de pediatría”, aseguró en ese momento la extranjera.

Esta situación encendió las alarmas en la Personería Municipal frente a la restitución de derechos. En ese entonces, la personera Norby Segura también expuso el caso de una indígena venezolana que, en trabajo de parto, llamó insistentemente a una ambulancia para que la recogiera en su asentamiento (junto al CINER), y no fue posible. 

“El niño nació en la comunidad y todavía es la hora que no ha sido registrado; ella sigue dando paseo ante las instituciones. Ese niño está en riesgo de apátrida, no le han querido solucionar su situación. Así hay muchos”, explicó en su momento la funcionaria.

En razón al inminente riesgo de apatridia de los niños y niñas hijas de personas venezolanas nacidas en Colombia, el pasado mes de agosto, a través de la Resolución 8617 de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior buscó una estrategia para garantizar los derechos fundamentales, culturales y de identidad de los pueblos indígenas, y de los niños y niñas nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos, que no cumplen con el requisito de domicilio para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento y evitar la apátrida.

Básicamente es una prolongación al proceso de registro que viene desde 2019, que ahora irá hasta septiembre de 2023, y le permite a padres y madres venezolanos registrar a sus hijos nacidos en Colombia del año 2015 en adelante.

Registro con enfoque diferencial

En virtud de que muchos niños y niñas nacían en los diferentes resguardos, asentamientos y comunidades indígenas, por sus usos y costumbres, a través de sus nodrizas que las ayudan en los partos y el difícil traslado por urgencias hasta los hospitales de la zona urbana, “se nos estaba negando ese derecho a poder registrar a los niños, sabiendo que por nuestros usos y costumbres muy pocas son las indígenas que van a parir a los hospitales, la mayoría siempre tienen sus hijos en las comunidades y asentamientos”, explicó la líder indígena Henny Gutiérrez.

EL MORICHAL conoció que, en la actualidad, a pesar de no tener un censo definido y concreto de estos casos en Puerto Carreño, desde la Registraduría se han programado varias jornadas de registro civil e identificación este año, logrando atender un total de 1.079 trámites, de los cuales, 401 corresponden a inscripción de registro civil de nacimiento, 332 trámites de tarjetas de identidad y 346 trámites de cédula de ciudadanía.

A nivel del departamento se tuvo un total de 3.842 atenciones, de los cuales 1.119 son registro civil de nacimiento, 1.143 tarjetas de identificación y 1.280 cédulas de ciudadanía. 

“Es una excelente noticia que se hayan pronunciado sobre este tema, en atención que se han atendido muchísimos casos de las madres indígenas y de migrantes, en esta situación”, dijo la personera Municipal de Puerto Carreño.

Norby Segura, también argumentó que “esperamos que tenga validez, entendiendo y esperando de buena fe que la Registraduría de acá en Puerto Carreño no imponga nuevas barreras. Lo importante en este caso es garantizarles un nombre, un apellido, una identificación a estos niños y niñas que nacen en los resguardos, en asentamientos indígenas y en las fincas, y a todos los niños que nacen aquí en Colombia”.

Las barreras a que hace mención la defensora de derechos humanos, están dirigidos a la apostilla de los documentos o registro civil de nacimientos para el caso de los padres y madres provenientes desde Venezuela. “Todos sabemos que es una agonía tener esos documentos apostillados, porque primero son personas de la población indígena muy vulnerables, de escasos recursos, y un transporte para allá es muy caro. Segundo, todos conocemos las circunstancias de tiempo que conlleva este trámite”, expuso Segura, aduciendo que ahora se podía aportar una prueba sumaria, como un testimonio, el certificado del capitán indígena de niño o niña nacido vivo.

“Hay que pensar primordialmente en los derechos de los niños, todos los derechos nacen con tu nombre. Al nacer lo primero que tienes es derecho a un nombre, a una identificación, para que el estado te reconozca como persona. Si tu no estas reconocido, ¿cómo accedes a la educación? ¿A la salud? A todo, porque lo primordial es el nombre como un derecho originario, sin eso no puedes acceder a nada”, indicó la personera municipal de Puerto Carreño.

Daikar Chipiaje es una indígena venezolana que tenía dificultad para registrar a su hija de 9 nueve meses, nacida en nuestro territorio. Hoy aseguró que su hija menor ya tiene un nombre y una identidad civil que la acredita como colombiana. “Ella nació aquí pero no tenía nombre ni identidad, fue hasta hace poco que me dieron los certificados de ella”.

Así mismo, Gutiérrez explicó que aún hay mucha población pendiente por recibir sus registros civiles de nacimientos. “Había personas mayores de 17 años que no habían sacado registro civil, inclusive hay adultos bien viejitos o de tercera edad que están sin documento de identidad. Se mitigó un poco esta situación a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAPV”, dijo la líder indígena.

Desde la personería municipal, indicaron que a la fecha han tramitado tres casos en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de posible riesgo de apátridas. “Fueron casos que encontramos en una salida de campo al asentamiento humano indígena del CINER, hijos de extranjeros y de población indígena, pero nacidos aquí. Bienestar inició su trámite con la colaboración de nosotros”. Dijo la funcionaria.

El proceso

La Registraduría de Puerto Carreño se encuentra brindando atención directa a los miembros de las comunidades que se encuentran en el municipio. “Los padres pueden acercarse a la Registraduría sin cita previa, a realizar el trámite de registro civil de nacimiento de sus hijos, donde deberán presentar los siguientes documentos: Certificado de nacido vivo de la República de Colombia o la ‘autorización indígena’ diligenciada por la autoridad indígena de la comunidad”.

“Cuando yo voy a certificar un nacimiento, lo hago con una certificación indígena anexando el reconocimiento del capitán”, explicó la gobernadora indígena Henny Gutiérrez.

Para el caso de hijos de personas extranjeras, adicionalmente, el padre y la madre deben presentar alguno de los siguientes documentos para identificarse como declarantes al momento de la inscripción del registro: cédula de extranjería vigente o vencida, Permiso Especial de Permanencia – PEP vigente o vencido, Permiso por Protección Temporal – PPT, Pasaporte expedido por la República Bolivariana de Venezuela vigente o vencido, cédula de identidad expedida por la República Bolivariana de Venezuela vigente o vencida.

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Vacunación COVID: Una luz de esperanza para migrantes irregulares en Puerto Carreño

Entre el pasado 9 y 25 de septiembre, las personas migrantes venezolanas mayores de 12 años residenciadas en Puerto Carreño (Vichada), que se encuentran de manera irregular en el país, pudieron inscribirse en una base de datos adelantada por Salud Pública Municipal, para acceder a la vacuna contra la COVID-19.

“Lo que nos ha dicho el Ministerio es que, primeramente, es un censo para esta población… ellos toman la decisión de cuántas personas hay en este censo y así más adelante poder acceder las vacunas para estas personas”, explicó a EL MORICHAL Yesenia Contreras, coordinadora de vacunación en el Municipio de Puerto Carreño.

Actualmente, las organizaciones gubernamentales y cooperantes presentes en la región calculan que, en la capital vichadense, existen alrededor de dos mil migrantes con estatus irregular. Es decir, sin pasaporte, visa o Permiso Especial de Permanencia (PEP) en territorio colombiano. 

“Es una población flotante, hoy están y mañana no. Pero, creería que al menos unas dos mil personas que se encuentren de forma permanente en Carreño podrían censarse. Eso ya sería un avance grande en la vacunación”, dijo Contreras. 

Sin embargo, con corte al 13 de septiembre, solo 234 personas se habían registrado. “La idea es que todas las personas que habiten en el municipio de Puerto Carreño, adquieran la vacuna, independientemente de su condición social, de su nacionalidad”, precisó la funcionaria municipal.

Las personas venezolanas que cuentan con el PEP y estén afiliados al régimen de salud, pueden acceder a la vacuna acercándose a las carpas de vacunación dispuesta en Puerto Carreño. 

Que nadie se quede por fuera

El proceso de caracterización lo lidera la Alcaldía de Puerto Carreño, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero la iniciativa ha tenido eco en algunos líderes comunales y migrantes que tienen contacto con los potenciales beneficiarios.

“Estamos con el censo a nivel comunal, la idea es que ningún migrante se quede sin la vacunación”, manifestó Alba Lucia Maldonado, presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Mateo, donde habitan alrededor de 400 migrantes. 

El “Grupo Democracia Directa sin Discriminación – (3D) Migrantes Venezolanos”, que actualmente reúne a más de 797 familias y alrededor de 3.000 extranjeros, ha dispuesto su andamiaje para facilitar el proceso de registro. 

Rona Siba, líder de esa organización de migrantes, logró conformar un grupo de connacionales venezolanos que tienen dentro de otras misiones, consolidar la focalización para el censo previo a la vacunación. Para ello, han creado la figura de “pregoneros” en los barrios con mayor presencia de extranjeros.

“Ellos son los encargados de llevar el censo casa a casa en las comunidades de Puerto Carreño. Son 30 pregoneros, cada uno de ellos está encargado de censar mínimo 12 familias distribuidas en 21 zonas urbanas”, explicó Siba.

Wilmer Arcia, un venezolano radicado en la capital vichadense desde hace dos años, que acudió al registro, dijo sentirse “muy bien porque al menos tenemos esa posibilidad de poder aspirar a vacunarnos, es grato que nos tomen en cuenta a nosotros los venezolanos, estoy agradecido”. Fue enfático en decir: “yo me quiero vacunar por la seguridad de mi familia y de todos los que están a nuestro alrededor”.

Sin embargo, según la lideresa venezolana, hay algunos extranjeros que se niegan a vacunarse, “quizás por falta de conocimiento del tema o la poca divulgación de la información para la vacunación a los migrantes sin afiliación. Otros se atemorizan ante las campañas por el desprestigio de la vacuna o simplemente tienen miedo a los efectos secundarios”.

¿Los extranjeros esperan ser vacunados en Colombia?

Las opiniones de los extranjeros entrevistados frente a la preferencia de esperar la inyección contra la COVID-19 desde este lado de la frontera, fueron variadas, pero sus motivos coincidieron en el “no retorno a su país de origen”.

“En Venezuela las vacunas son politizadas a través de una página del régimen del gobierno o el carnet de la patria”, dijo Rona Siba.

Ana Pérez, migrante venezolana, manifestó que, “para mí es más fácil acceder a vacunarnos acá, porque vivimos en Carreño desde hace 2 años. El trasladarnos hasta Venezuela nos resulta muy costoso en pasajes que se pagan en pesos o dólares, más la comida allá también es costosa y no se puede. Además, no sé si hay biológicos, lo desconozco”.

A través de fuentes allegadas al sistema de salud venezolano, este medio de comunicación conoció que en Puerto Ayacucho (Estado Amazonas), existe un proceso de vacunación garantizado para la población, donde los biológicos utilizados son Sinopharm y Sputnik. En ambos casos el esquema requiere de dos dosis.

“Aquí el proceso de vacunación es rápido y gratuito”, le dijo a EL MORICHAL un habitante (que nos pidió proteger su identidad) en Puerto Ayacucho, frontera con Puerto Carreño.

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En 2019 las imágenes de familias indígenas enteras alimentándose de lo poco que podían sacar de los desechos que llegaban en el camión al basurero de Puerto Carreño, Vichada, generaron alarma en el país. Entonces, los políticos hicieron lo suyo y hablaron de atenciones inmediatas para esta población, que tres años después no solo continúa en la misma circunstancia; su situación se agudizó con la pandemia.

Las primeras alertas fueron emitidas por la Defensoría del Pueblo en redes sociales. En un hilo de Twitter publicado el 22 de julio de 2019 la entidad indicó que “en la basura (los indígenas) buscan alimentación, ropa y dónde habitar, ante la imposibilidad de acceder a servicios sociales”. Las imágenes que acompañaron la publicación son impactantes; decenas de nativos de todas las edades buscando, con un desespero que trasciende las fotografías, cualquier resto de comida que les permita calmar el hambre para aguantar la llegada del camión al siguiente día.

Unos meses después los medios nacionales se hicieron eco de la denuncia y mostraron videos de esa cruda realidad. “Lo que encontramos fue peor de lo que nos habían dicho”, dijo Juan Lozano, director de Noticias RCN para la época, durante la presentación de un informe especial en octubre de 2019.

En la mitad del basurero, un niño de unos siete años saca de un costal un plátano en descomposición y se lo come con total tranquilidad. Las imágenes muestran como otros menores de edad buscan rastros de bebida y comida en envases y envolturas.

Esa sigue siendo la cotidianidad de decenas de familias indígenas en la capital de Vichada.

“El tema no se ha acabado. Si vamos al relleno seguimos viendo niños, y ya no solo son indígenas, sino también niños venezolanos”, dijo Claudia Liliana Medina, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de un Consejo Departamental de Política Social realizado en abril pasado.

Henny Gutiérrez, una líder indígena que desde 2018 viene acompañando a las comunidades indígenas que se ubican en la ciudad de Puerto Carreño, asegura que los niños acuden a la basura “no solo para agarrar algo para comer sino a buscar algo que les sirva para reciclar, lo que les pueda servir. Es una forma de subsistencia”.

La respuesta a esta grave problemática fue la creación de un ‘Plan de Atención Integral para los Amorúa’. “Pero ese Plan de atención no es a corto ni a mediano ,es a largo plazo”, dijo a Noticias RCN el entonces alcalde de Puerto Carreño (2016-2019), Marcos Pérez Jiménez.

Una problemática migratoria

Sin embargo, la realidad es que el Plan parece no existir.

En 2020 hubo cambio de administraciones locales y departamentales y los nuevos funcionarios dicen no haber recibido durante el empalme el documento en el que se sentaron las bases de atención a la población indígena que ha llegado a Puerto Carreño desde Venezuela en los últimos años.

A ciencia cierta no se sabe en qué momento empezó el retorno de esas familias indígenas que hace décadas se fueron del país buscando un mejor futuro y que ahora retornan huyendo de la crisis social y política que hoy vive Venezuela. Lo cierto es que el éxodo migratorio incrementó durante la pandemia.

Como los nativos no tienen familia ni territorio donde habitar porque ya no forman parte de los censos de los seis resguardos que tiene el municipio de Puerto Carreño, se ubican en asentamientos ilegales regados por la ciudad. Según cálculos ligeros de Henny Gutiérrez, en 2018 en Carreño existían 11 asentamientos y para la fecha se tienen registros de 25.

El número de habitantes indígenas también es incierto. Las estadísticas de las autoridades locales hablan de unos 1.800, pero la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha dicho que, debido a subregistros, la cifra podría superar las 3.000 personas.

Las estimaciones de OCHA coinciden con la opinión de la líder indígena. “Hay unos censos en que esta semana tienen 150 personas, pero usted va a la semana siguiente y hay 170 o 180, porque por el flujo migratorio llegan los familiares de los familiares y así se van aumentando”, explica Gutiérrez.

Los asentamientos en Puerto Carreño se han establecido principalmente en zonas periféricas que hacen parte de reservas o terrenos inundables, que difícilmente pueden adecuarse con las condiciones mínimas de habitabilidad como servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado.

“Ellos se están asentando en piedras donde no hay agua, no se puede hacer un séptico. La situación de insalubridad es total, son sitios no aptos para vivir”, concluye la líder indígena.

¿Un plan inexistente?

EL MORICHAL intentó acceder al documento del ‘Plan Amorúa’, pero ni en la Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas, ni en la Secretaría Municipal de Desarrollo Social dan razón del mismo. Aseguran que lo único que recibieron durante el proceso de empalme que se dio a finales de 2019 con el cambio de administración fue una tabla de Excel que contempla 100 actividades a realizar por parte de diferentes instituciones del orden local, departamental y nacional. 

Katty Yanes, actual secretaria de Desarrollo Social del municipio de Puerto Carreño confirmó que “no existe otro documento técnico, un documento con misión o visión no existe”.

Las actividades planteadas en ese Excel involucran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a los ministerios del Interior, Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, a Prosperidad Social, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a las secretarías departamentales de Salud y Agricultura, y a la Alcaldía de Puerto Carreño.  

“Hay muchos actores en ese plan, pero no han hecho un trabajo en coordinación entre todos para llegar a un feliz término. Cada uno jala por su lado y los que terminamos siendo muy perjudicados somos nosotros”, dijo Gutiérrez.

Durante el Consejo de Política Social el Procurador Regional, Álvaro Ricardo Bermúdez, cuestionó las irregularidades alrededor del Plan. Dijo que “los planes que no se articulan y no se les hace seguimiento quedan en el vacío”, y mencionó que la Procuraduría tiene un delegado para asuntos étnicos que estará presto a colaborar en el control de las acciones del ‘Plan Amorúa’.

Pero la inconformidad de los indígenas va más allá de la falta de articulación. Gutiérrez asegura que el Plan estaba mal enfocado. “Entregan un kit de alimentación, un kit de herramientas, de semillas. Pero no hay algo real. Les dan eso para decir, ya les dimos y que ustedes se defiendan”.

Consideran que una verdadera respuesta a la problemática gira en torno a un terreno donde puedan ser ubicados, y que se plantee un plan integral para la población indígena de Puerto Carreño, que, además de los Amorúa, permita involucrar a los Sikuani, Piapoco, Puinave, entre otras etnias, que también hacen vida en la capital vichadense. 

Para la líder indígena, “sin un terreno acá en el casco urbano, ese plan se va a ir en puro asistencialismo y no va a haber solución de fondo”.

“La disculpa que tiene el señor alcalde es que los seis resguardos que hay constituidos aquí en Puerto Carreño son muy extensos, pero no se pone a pensar que cada resguardo es autónomo de ver a quién recibe o no”, explica Gutiérrez.

Con el envío de indígenas a resguardos a los que no pertenecen ya hay amargas experiencias. Está el caso de un grupo de familias que fueron llevadas al resguardo Guacamayas, “el cabildo aceptó que los llevarán allá y hubo problemas internos porque las familias que llevaron, como no tienen una mata de yuca o no tienen nada pues terminaron comiéndose la yuca del vecino, de la otra comunidad, entonces se presentaron problemas”, explica la líder indígena.

Gutiérrez asegura que visitó las comunidades que se habían constituido en los resguardos producto de los retornos presuntamente adelantados por la administración de Pérez Jiménez. “Los llevaban a un centro de sabana, la fuente donde ellos agarraban el agua para el consumo quedaba a media hora. Los llevaron con una pala, una peinilla, les hicieron dizque una huerta casera (cilantro, pepino y otras cosas), que nosotros los indígenas no son nuestras costumbres”. La mayoría regresó al poco tiempo a la ciudad de Puerto Carreño.

Los retornos también continuaron durante la administración municipal de Jair Beltrán (2020). Yañes confirmó que, durante 2020, en plena pandemia, se realizaron tres retornos, y uno más en lo corrido del presente año. “Actualmente estamos a la espera de definir algunas acciones para realizar el traslado de 150 personas que están ubicados en las piedras del Tamarindo que van con destino a las Guacamayas, donde son aceptados y reconocidos por el cabildo indígena de la zona”, explicó la funcionaria.

Un plan coherente a las necesidades de la población indígena 

Durante 2020 la discusión sobre la problemática indígena estuvo frenada por la pandemia. Las entidades enfocaron su accionar en atender a la ciudadanía en general, y pese a que la Alcaldía de Puerto Carreño dice que durante los primeros meses de la emergencia entregó mercados en todos los asentamientos indígenas, los nativos aseguran que fue poco o nada lo que recibieron.

De hecho, un artículo de la periodista Angélica María Cueva, publicado el 11 de marzo de este año en El Espectador, da cuenta de que “gran parte de las acciones de atención a la emergencia humanitaria en Puerto Carreño las lideran diez Organizaciones no Gubernamentales, entidades y agencias de cooperación Internacional”.

Según el informe periodístico, solo en 2020, Acción contra el Hambre, Acnur, Pastoral Social, Unicef, el Consejo Noruego de Refugiados, Corporación Infancia y Desarrollo, las agencias de cooperación Suiza (COSUDE) e Italiana, para mencionar algunas, implementaron programas que superan una inversión de más de 6.300 millones de pesos.

En los primeros cuatro meses del 2021 las discusiones alrededor del Plan Amorúa se han intensificado. A mitad de abril ese fue uno de los temas principales en el Consejo Departamental de Política Social.

En ese espacio, el líder Sikuani Cesar Rodríguez, quien representa los territorios indígenas de Gauripa, Caño Hormiga, Caño Bachaco y el asentamiento de Bachaco Roncador, planteó varias acciones precisas en educación, salud y vivienda, entre otros aspectos sociales.

“La mayoría de los niños que deambulan no son de los resguardos indígenas, la mayoría son hermanos indígenas que han estado del otro lado del río Orinoco y que han vuelto por la situación de Venezuela. Han manifestado que por la documentación no han podido ingresar a las escuelas”, precisó.

Rodríguez también manifestó la urgencia de afiliar a esos indígenas al régimen de salud. “Muchos de ellos no son afiliados y cuando se enferman o padecen cierta enfermedad la única manera es desaparecer de este planeta”.

En ese espacio, Elizabeth Apolinar, secretaria de Asuntos Indígenas del Vichada, indicó que las instituciones deben escuchar a los pueblos indígenas, pero ve con dificultades la posibilidad de modificar el ‘Plan Amorúa’, “ya que fue todo un despliegue institucional a nivel nacional… pero se tomará en consideración la propuesta de integrar porque es importante tener en cuenta la visión de las autoridades indígenas”.

Por ahora, una salida visible a ese complejo panorama podría estar en la consolidación de una ‘mesa de concertación municipal’ que se estableció producto de los reclamos a través de las movilizaciones generadas por el Paro Nacional. “A esa mesa podemos llevar todos estos problemas que tenemos como población indígena”, dijo la líder Henny Gutiérrez.
“Es la única esperanza que tenemos”, concluyó.

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Somos Enlace continúa expandiéndose por los territorios de Colombia; fortaleciéndose con los diferentes colores, sonidos, paisajes y voces de las diversas comunidades.

Por eso en esta ocasión la Red Nacional de Comunicaciones recibe calurosamente a los medios comunitarios, organizaciones e instituciones educativas provenientes de una tierra llena de culturas diversas, tradiciones arraigadas, música popular y coloridos atardeceres: El departamento del Vichada.

Con una gran influencia de la cultura de la Orinoquía, que identifica al sentir de los llanos orientales, junto a la resiliencia de los pueblos indígenas, que jamás se han cansado de luchar por subsistir en los territorios que ancestralmente ocuparon; Vichada nos muestra su diversidad desde el trabajo de las personas preocupadas por su comunidad.

Son 6 colectivos comunitarios del departamento los cuales decidieron unirse a la red de ideas desde su trabajo territorial. Líderes, líderesas y profesionales de la comunicación y la enseñanza que día a día trabajan por la niñez, la juventud, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad.

Nuevos participantes de la Red Somos Enlace

Periódico El Morichal, Asociación de Personas con Discapacidad de Vichada, Fundación Juvenil Indígena de Cumaribo, Institución Educativa Eduardo Carranza, Fundación Etnocultural ‘Así es mi mi tierra’ y Vichada Cuenta son los nuevos enlaces de la Red de Ideas en Vichada.

Periódico El Morichal es un medio de comunicación que acoge las voces y las necesidades de niños, niñas, juventudes, adultos mayores y comunidades indígenas de los departamentos de Vichada y Guainía. En un trabajo conjunto con líderes, lideresas sociales, organizaciones civiles, entre otras.

ASI ES MI TIERRA es una Fundación Etno cultural, ubicada en Puerto Carreño, la cual tiene como propósito la gestión cultural con énfasis en la diversidad etno cultural, costumbres y tradiciones folclóricas, apoyando a los creadores y cultores de nuestra música llanera.

La I.E. Eduardo Carranza, está ubicada en Puerto Carreño, como comunidad educativa se vinculan a Somos Enlace para seguir comunicando, cuidando y protegiendo a las familias de este gran departamento.

La FUNDACION JUVENIL INDIGENA DE CUMARIBO -FUNJIC- promueve el rescate de los valores culturales, la formación de liderazgos y el emprendimiento para el buen vivir de los territorios.

La Asociación de Personas con Discapacidad de Vichada es una organización social dedicada al apoyo e inclusión de esta comunidad, con las actividades de promoción, educación y participación que realizan constantemente.

Por su parte la Organización Vichada Cuenta se encarga de visibilizar la cultura, tradición, diversidad y patrimonio de las tierras vichadenses mientras participa también en procesos de aprendizaje con la comunidad.

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