Este artículo hace parte de la estrategia de comunicación Somos Enlace, que lidera la Fundación la Otra Juventud, con el apoyo de Unicef Colombia.
Con sueños, esperanza y una ferviente fe en Dios, desde San Fernando de Apure (Venezuela), Rona Siba, junto a su esposo y sus dos pequeñas hijas en brazos, con un pesado y humilde equipaje terciado sobre su espalda, se atrevió a recorrer cerca de dos mil kilómetros por tierra para llegar a la población venezolana de Puerto Páez, a orillas del río Meta, y así cruzar la frontera fluvial internacional en una estrecha y resquebrajada embarcación durante una soleada mañana del mes de marzo de 2019. Su destino era Puerto Carreño, Vichada.
El compañero de vida de Rona ya conocía la zona. Seis meses antes había llegado hasta la capital vichadense para trabajar como técnico en refrigeración, situación que le permitió generar ingresos y arrendar una pequeña casita para que su mujer, al llegar con sus hijas, tuviese un espacio digno y no deambulara por la ciudad, como ocurre habitualmente con muchos migrantes venezolanos que llegan por primera vez a esta región oriental de Colombia.
Siba, una joven de 32 años en ese entonces, de piel morena, cabello largo, ondulado y de color castaño oscuro; de sonrisa amplia, ojos expresivos y trato amable, detalló que al cruzar la frontera sintió que, más que lidiar con el duro peso del equipaje, abrigó en su pecho la ausencia de dejar una vida detras. ¿Cuánto tiempo pasaría —se preguntaba— para regresar junto a sus amigos y familiares?, donde un día lo tuvo “todo” y la crisis no dejó “nada”.
La lucha por salvarle la vida a su hija, recién nacida en ese momento, fue la principal motivación para atravesar la frontera sin vacilar. “Mi niña presenta una cardiopatía congénita. Presentaba, además, riesgo de desnutrición y requería la atención de un especialista inmediatamente”, dijo Rona con lágrimas en sus ojos.
De acuerdo con la Alcaldía de Puerto Carreño y Migración Colombia, en la capital de Vichada residen unos seis mil migrantes venezolanos.
Son seis mil historias diferentes. Por ejemplo, Siba llegó buscando atención en salud; Juanita y su hermana salieron de su país para estudiar, trabajar y enviar dinero a su familia que se quedó en Venezuela, pero ahora venden pasteles y tinto en la calle; Katherine, una indígena colombo venezolana de 21 años que tiene dos hijos —uno de 7 años y otro de 5 meses de edad—, huyó de Venezuela por amenazas de grupos irregulares que, según ella, habitan en esa zona de frontera: todos los días escudriña la basura en el relleno sanitario de la ciudad para conseguir el sustento; Dayana, que por el deteriorado sistema de salud perdió a cinco familiares cercanos por la COVID-19, salió abatida emocionalmente de su país buscando mejores condiciones de vida, ahora trabaja en un establecimiento comercial como cajera; Juan Carlos, quien tenía negocios de frutas y hortalizas en el vecino país, hoy deambula por las calles carreñeneses vendiendo frutas en una carretilla. Al final, las causas que motivan la migración son las mismas: sobrevivir al hambre y tener una mejor calidad de vida.
El sueño se desmorona: un complejo sistema de salud
Pero casi tres años después, Rona no ha podido recibir valoración médica para su hija como esperaba. Se estrelló con un sistema de salud complejo que, en el caso de Puerto Carreño, ni siquiera cuenta con especialistas en cardiología.
Para la población migrante irregular o no asegurada, la norma establece que sólo recibirán atención de urgencias. En caso de requerir servicios adicionales, primero deben cumplir con las condiciones de afiliación al régimen subsidiado para recibir atención por medio de una EPS. “Es obligación de los migrantes realizar todas las gestiones pertinentes para obtener el aseguramiento al régimen subsidiado”, indicó la Secretaría de Salud Departamental.
Al no tener sus documentos regulares, acceder a la atención médica de su hija se convirtió en “una verdadera odisea” para Siba. Hasta el momento, su única salvación han sido las ONGs que hacen vida en el territorio. De ellas ha recibido medicamentos y consultas de medicina general, mientras que en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño, solo le atienden por urgencias, pero una vez superada la emergencia le indican que debe llevar a la menor con un especialista. “Para un migrante venezolano irse así, sin documentos y sin estar afiliado a la EPS, significa que no lo van a atender en ninguna parte”, dijo Siba con preocupación.
En Puerto Carreño las autoridades manifiestan que de un momento a otro la capacidad instalada para ofrecer servicios de salud se vio superada por el incremento de la demanda a causa de la migración. Según la Secretaría de Salud de Vichada, entre diciembre de 2020 y octubre de 2021 el hospital local atendió 524 partos de mujeres migrantes (niños que recibirán nacionalidad colombiana).
La atención de los servicios básicos en el país es asumida por la entidades locales y departamentales, pero estas instituciones cuentan con pocos recursos, que muchas veces no satisfacen siquiera las necesidades locales. A finales del pasado mes de noviembre, por medio de la Resolución 1897, el Ministerio de Salud destinó al Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño $5.310 millones para pagar los servicios de atención de urgencias a migrantes irregulares entre 2017 y abril de 2021.
A pesar de la realidad con la que se encontró, Siba dijo que su hija menor superó la desnutrición que padecía.
“Está más saludable. Cualquier gripa que le daba se me enfermaba severamente y tocaba correr a llevarla al hospital”. También reconoció que “al llegar, uno trae grandes expectativas que, después, se convierten en emociones encontradas, porque uno está en un país diferente, donde no se conoce a nadie, ni cuentas con tu familia cercana, y el único proyecto que uno tiene en mente es empezar de nuevo”.
Difícil acceso a la educación para migrantes en Puerto Carreño
Otro motivo de Rona para venir a Colombia era el de brindarle educación a su hija mayor. “Fue un proceso grande para que mi niña pudiera entrar a estudiar, porque a ella no me la aceptaron porque, según ellos, no estaba inscrita a la EPS ni en el Sisbén”, explicó.
Pero encontró apoyo en la Personería y la Secretaría de Educación Departamental. “Ellos gestionaron y me la aceptaron”, declaró Rona, quien en su país estudió para ser maestra de biología.
Según la Secretaría de Educación Departamental, desde el 2019 ha venido en ascenso la demanda educativa por parte de la población migrante, que además incluye a población colombiana que ha retornado al territorio. Solo en Puerto Carreño “tenemos más de 1.000 solicitudes de niños venezolanos que están pidiendo un cupo en los colegios de nuestro municipio”, dijo el alcalde Jair Beltrán a EL MORICHAL. “La capacidad se nos desbordó porque no tenemos cómo atenderlos”.
Las cifras de la Secretaría de Educación son explícitas. De los 23.000 estudiantes que tiene Vichada, 2.113 están focalizados como extranjeros provenientes de Venezuela, de los cuales, 1.563 están en Puerto Carreño.
“Tener 1.563 niños representa prácticamente tener una nueva instalación o sede educativa para atenderlos. Eso nos ha llevado a atender a los niños en aulas temporales que gracias a la Unicef y Acnur, nos han apoyado y hemos tenido instalaciones de carpas provisionales y movibles para atender a esta población”, explicó el padre Jairo Pardo, secretario de Educación del Departamento.
Como la precaria y ajustada infraestructura es una de las barreras para brindar un adecuado servicio de educación a los migrantes, en la capital de Vichada la Alcaldía apostó por construir dos aulas: una en la sede del colegio Jorge Eliecer Gaitán y otra en el Eduardo Carranza.
Por su parte, el secretario Pardo precisó que el año entrante “nosotros pensamos aprovechar unas instalaciones que están en el Merey. Vamos a adecuar este espacio y atenderemos allí alrededor de 300 niños, garantizándoles alimentación y transporte y, por supuesto, sus docentes”.
Una luz en el ETPV
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) parece ser una luz de esperanza para cientos de miles de extranjeros que llegaron a Colombia en busca de una nueva oportunidad. “Les va a permitir miles de ventajas en el territorio nacional”, dijo a EL MORICHAL en octubre pasado Loida Nohemí Nieves, directora de la regional de Migración para la Orinoquía, a la vez que explicó que el ETPV permitirá a los migrantes tener los mismos derechos que un ciudadano colombiano.
Para el Gobierno nacional este Estatuto es importante porque permitirá conocer el número real de venezolanos en los diferentes territorios y, de esa manera, “establecer las políticas públicas dirigidas a esta población”, explicó la funcionaria de Migración.
Justamente ese fue el llamado que el alcalde Beltrán le hizo al presidente Iván Duque en una reciente visita a Puerto Carreño. “Si ese Estatuto de Protección al Migrante no viene acompañado de recursos, pues va a ser muy difícil para nosotros. Perdóneme la expresión, pero a veces no nos da para atender a los mismos colombianos, mucho menos vamos a tener capacidad de respuesta para atender a los nuestros hermanos venezolanos”.
Según la Alcaldía de Puerto Carreño, para mediados del mes de noviembre de 2021 unos 1.700 venezolanos habían realizado su pre registro ante el ETPV.
Muchos de esos registros se hicieron con el apoyo de la Asociación 3D (Democracia Directa sin Discriminación) liderada por Rona Siba. “Trabajamos articulados con diversas instituciones y oenegés que nos prestan apoyo como migrantes. La idea es hacer más fácil el camino de un migrante”, dijo la mujer.
Y el camino se va mostrando favorable para la líder venezolana en los últimos días. Su hija menor, su inspiración de lucha y el motivo por el cual hace casi tres años abandonó su tierra natal, el pasado 7 de diciembre recibió la tarjeta del ETPV.
“Tantas lágrimas que boté cuando iba a consultas médicas y no podía acceder a esos servicios”, dijo Roba con la ETPV en mano. “Tengo la convicción de que ahora si lo lograré”.
