Por: Periódico El Morichal

Este artículo hace parte de la estrategia de comunicación Somos Enlace, que lidera la Fundación la Otra Juventud, con el apoyo de Unicef Colombia.

Con sueños, esperanza y una ferviente fe en Dios, desde San Fernando de Apure (Venezuela), Rona Siba, junto a su esposo y sus dos pequeñas hijas en brazos, con un pesado y humilde equipaje terciado sobre su espalda, se atrevió a recorrer cerca de dos mil kilómetros por tierra para llegar a la población venezolana de Puerto Páez, a orillas del río Meta, y así cruzar la frontera fluvial internacional en una estrecha y resquebrajada embarcación durante una soleada mañana del mes de marzo de 2019. Su destino era Puerto Carreño, Vichada. 

El compañero de vida de Rona ya conocía la zona. Seis meses antes había llegado hasta la capital vichadense para trabajar como técnico en refrigeración, situación que le permitió generar ingresos y arrendar una pequeña casita para que su mujer, al llegar con sus hijas, tuviese un espacio digno y no deambulara por la ciudad, como ocurre habitualmente con muchos migrantes venezolanos que llegan por primera vez a esta región oriental de Colombia. 

Siba, una joven de 32 años en ese entonces, de piel morena, cabello largo, ondulado y de color castaño oscuro; de sonrisa amplia, ojos expresivos y trato amable, detalló que al cruzar la frontera sintió que, más que lidiar con el duro peso del equipaje, abrigó en su pecho la ausencia de dejar una vida detras.  ¿Cuánto tiempo pasaría —se preguntaba— para regresar junto a sus amigos y familiares?, donde un día lo tuvo “todo” y la crisis no dejó “nada”. 

La lucha por salvarle la vida a su hija, recién nacida en ese momento, fue la principal motivación para atravesar la frontera sin vacilar. “Mi niña presenta una cardiopatía congénita. Presentaba, además, riesgo de desnutrición y requería la atención de un especialista inmediatamente”, dijo Rona con lágrimas en sus ojos.

De acuerdo con la Alcaldía de Puerto Carreño y Migración Colombia, en la capital de Vichada residen unos seis mil migrantes venezolanos. 

Son seis mil historias diferentes. Por ejemplo, Siba llegó buscando atención en salud; Juanita y su hermana salieron de su país para estudiar, trabajar y enviar dinero a su familia que se quedó en Venezuela, pero ahora venden pasteles y tinto en la calle; Katherine, una indígena colombo venezolana de 21 años que tiene dos hijos —uno de 7 años y otro de 5 meses de edad—, huyó de Venezuela por amenazas de grupos irregulares que, según ella, habitan en esa zona de frontera: todos los días escudriña la basura en el relleno sanitario de la ciudad para conseguir el sustento; Dayana, que por el deteriorado sistema de salud perdió a cinco familiares cercanos por la COVID-19, salió abatida emocionalmente de su país buscando mejores condiciones de vida, ahora trabaja en un establecimiento comercial como cajera; Juan Carlos, quien tenía negocios de frutas y hortalizas en el vecino país, hoy deambula por las calles carreñeneses vendiendo frutas en una carretilla. Al final, las causas que motivan la migración son las mismas: sobrevivir al hambre y tener una mejor calidad de vida.

El sueño se desmorona: un complejo sistema de salud

Pero casi tres años después, Rona no ha podido recibir valoración médica para su hija como esperaba. Se estrelló con un sistema de salud complejo que, en el caso de Puerto Carreño, ni siquiera cuenta con especialistas en cardiología.

Para la población migrante irregular o no asegurada, la norma establece que sólo recibirán atención de urgencias. En caso de requerir servicios adicionales, primero deben cumplir con las condiciones de afiliación al régimen subsidiado para recibir atención por medio de una EPS. “Es obligación de los migrantes realizar todas las gestiones pertinentes para obtener el aseguramiento al régimen subsidiado”, indicó la Secretaría de Salud Departamental.

Al no tener sus documentos regulares, acceder a la atención médica de su hija se convirtió en “una verdadera odisea” para Siba. Hasta el momento, su única salvación han sido las ONGs que hacen vida en el territorio. De ellas ha recibido medicamentos y consultas de medicina general, mientras que en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño, solo le atienden por urgencias, pero una vez superada la emergencia le indican que debe llevar a la menor con un especialista. “Para un migrante venezolano irse así, sin documentos y sin estar afiliado a la EPS, significa que no lo van a atender en ninguna parte”, dijo Siba con preocupación.

En Puerto Carreño las autoridades manifiestan que de un momento a otro la capacidad instalada para ofrecer servicios de salud se vio superada por el incremento de la demanda a causa de la migración. Según la Secretaría de Salud de Vichada, entre diciembre de 2020 y octubre de 2021 el hospital local atendió 524 partos de mujeres migrantes (niños que recibirán nacionalidad colombiana).

La atención de los servicios básicos en el país es asumida por la entidades locales y departamentales, pero estas instituciones cuentan con pocos recursos, que muchas veces no satisfacen siquiera las necesidades locales. A finales del pasado mes de noviembre, por medio de la Resolución 1897, el Ministerio de Salud destinó al Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño $5.310 millones para pagar los servicios de atención de urgencias a migrantes irregulares entre 2017 y abril de 2021. 

A pesar de la realidad con la que se encontró, Siba dijo que su hija menor superó la desnutrición que padecía. 

“Está más saludable. Cualquier gripa que le daba se me enfermaba severamente y tocaba correr a llevarla al hospital”. También reconoció que “al llegar, uno trae grandes expectativas que, después, se convierten en emociones encontradas, porque uno está en un país diferente, donde no se conoce a nadie, ni cuentas con tu familia cercana, y el único proyecto que uno tiene en mente es empezar de nuevo”.

Difícil acceso a la educación para migrantes en Puerto Carreño

Otro motivo de Rona para venir a Colombia era el de brindarle educación a su hija mayor. “Fue un proceso grande para que mi niña pudiera entrar a estudiar, porque a ella no me la aceptaron porque, según ellos, no estaba inscrita a la EPS ni en el Sisbén”, explicó.

Pero encontró apoyo en la Personería y la Secretaría de Educación Departamental. “Ellos gestionaron y me la aceptaron”, declaró Rona, quien en su país estudió para ser maestra de biología.

Según la Secretaría de Educación Departamental, desde el 2019 ha venido en ascenso la demanda educativa por parte de la población migrante, que además incluye a población colombiana que ha retornado al territorio. Solo en Puerto Carreño “tenemos más de 1.000 solicitudes de niños venezolanos que están pidiendo un cupo en los colegios de nuestro municipio”, dijo el alcalde Jair Beltrán a EL MORICHAL. “La capacidad se nos desbordó porque no tenemos cómo atenderlos”.

Las cifras de la Secretaría de Educación son explícitas. De los 23.000 estudiantes que tiene Vichada, 2.113 están focalizados como extranjeros provenientes de Venezuela, de los cuales, 1.563 están en Puerto Carreño. 

“Tener 1.563 niños representa prácticamente tener una nueva instalación o sede educativa para atenderlos. Eso nos ha llevado a atender a los niños en aulas temporales que gracias a la Unicef y Acnur, nos han apoyado y hemos tenido instalaciones de carpas provisionales y movibles para atender a esta población”, explicó el padre Jairo Pardo, secretario de Educación del Departamento.

Como la precaria y ajustada infraestructura es una de las barreras para brindar un adecuado servicio de educación a los migrantes, en la capital de Vichada la Alcaldía apostó por construir dos aulas: una en la sede del colegio Jorge Eliecer Gaitán y otra en el Eduardo Carranza.

Por su parte, el secretario Pardo precisó que el año entrante “nosotros pensamos aprovechar unas instalaciones que están en el Merey. Vamos a adecuar este espacio y atenderemos allí alrededor de 300 niños, garantizándoles alimentación y transporte y, por supuesto, sus docentes”.

Una luz en el ETPV

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) parece ser una luz de esperanza para cientos de miles de extranjeros que llegaron a Colombia en busca de una nueva oportunidad. “Les va a permitir miles de ventajas en el territorio nacional”, dijo a EL MORICHAL en octubre pasado Loida Nohemí Nieves, directora de la regional de Migración para la Orinoquía, a la vez que explicó que el ETPV permitirá a los migrantes tener los mismos derechos que un ciudadano colombiano.

Para el Gobierno nacional este Estatuto es importante porque permitirá conocer el número real de venezolanos en los diferentes territorios y, de esa manera, “establecer las políticas públicas dirigidas a esta población”, explicó la funcionaria de Migración. 

Justamente ese fue el llamado que el alcalde Beltrán le hizo al presidente Iván Duque en una reciente visita a Puerto Carreño. “Si ese Estatuto de Protección al Migrante no viene acompañado de recursos, pues va a ser muy difícil para nosotros. Perdóneme la expresión, pero a veces no nos da para atender a los mismos colombianos, mucho menos vamos a tener capacidad de respuesta para atender a los nuestros hermanos venezolanos”.

Según la Alcaldía de Puerto Carreño, para mediados del mes de noviembre de 2021 unos 1.700 venezolanos habían realizado su pre registro ante el ETPV. 

Muchos de esos registros se hicieron con el apoyo de la Asociación 3D (Democracia Directa sin Discriminación) liderada por Rona Siba. “Trabajamos articulados con diversas instituciones y oenegés que nos prestan apoyo como migrantes. La idea es hacer más fácil el camino de un migrante”, dijo la mujer.

Y el camino se va mostrando favorable para la líder venezolana en los últimos días. Su hija menor, su inspiración de lucha y el motivo por el cual hace casi tres años abandonó su tierra natal, el pasado 7 de diciembre recibió la tarjeta del ETPV.

“Tantas lágrimas que boté cuando iba a consultas médicas y no podía acceder a esos servicios”, dijo Roba con la ETPV en mano. “Tengo la convicción de que ahora si lo lograré”.

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Por: Asociación Salto Ángel

“Retribuir a Colombia todo el aprendizaje obtenido y prepararse para ser parte de la reconstrucción de Venezuela”, “dejar un legado a través del baile y demostrar que la calle tiene personas con talento”, “conseguir un estatus migratorio regular para poder estudiar y obtener una profesión”…

Estos son algunos de los sueños individuales que tienen Coralia Vásquez, Aldemaro Romero y Wiston Vásquez, jóvenes venezolanos que forman parte de más del 10 por ciento de los 232 millones de migrantes internacionales en general, y, siendo el grupo social con mayor movilidad, constituyen el grueso de los desplazamientos anuales de migración, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo.

Estos tres jóvenes llegaron a Colombia huyendo de la crisis que actualmente atraviesa Venezuela, buscando satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, trabajo y cumplir su proyecto de vida, que en su país no les estaba siendo posible. Con la firme intención de transformar esta realidad, cruzaron la frontera con una maleta llena de sueños y un objetivo en común, brindarle una mejor condición de vida a sus familiares que se habían quedado en Venezuela, un proceso con luces y sombras que han podido sobrellevar.

Un Corazón dividido entre Venezuela y Colombia 

Coralia Susana Vásquez Salazar, oriunda de la Isla de Margarita (Venezuela), movida por “la falta de oportunidades y crecimiento profesional como abogada” y la frustración por haberse graduado pero aun así no poder desarrollarse en su carrera como esperaba, aunado a los bajos ingresos a través del poco trabajo que lograba tener.

En medio de la migración, se encontró con barreras y dificultades para trabajar de manera profesional porque, hasta el momento, no ha podido convalidar su título.

Sin embargo, en Colombia —gracias a sus raíces paternas que la conectaban con esta tierra— obtuvo la nacionalidad que le permitió asentarse con facilidad en este nuevo entorno que se asemeja a su isla natal; su liderazgo innato, que le fue fundado en el seno familiar y que la llevó a liderar escenarios políticos durante su formación profesional, la ha mantenido conectada con las acciones sociales.

Y es así como llega a formar parte de los tantos profesionales vinculados a la Asociación Salto Ángel, que le permite estar conecta con sus ideales: “he conocido personas maravillosas, grandes opciones de trabajo como, por ejemplo, ser colaboradora en organizaciones como la Asociación Salto Ángel, en la cual he tenido la oportunidad de conocer y ayudar a otras personas”.

Es inquieta, extrovertida, conversadora, con grandes sueños, entre ellos aportar a la reconstrucción de su añorada Venezuela. Es por esto que cree en la integración y el desarrollo de sus connacionales muy a pesar de la migración, viendo esto como una oportunidad para reinventarse y avanzar.

“Hay que entender que hay venezolanos con cosas buenas y hay otros que han hecho cosas malas. Sin embargo estoy en contra de todo tipo de discriminación ya sea por raza por color de piel o por el lugar de donde vengas. No estoy de acuerdo. Por eso, en mi proyecto de acción social, atraigo a muchos a la integración, porque todos somos iguales”.

Sobre su contribución desde su llegada al territorio fronterizo, considera que lo ha hecho bien, porque está enfocada en lo que le gusta, “me llena poder colaborar y retribuir a Colombia todo lo que me ha dado, pero sé que no lo he hecho hasta el tope, siento que tengo muchos planes, acciones y proyectos que realizar dentro de este país para devolverle todo lo que me ha dado, he aprovechado lo que llega a mi vida de la mejor manera, siempre como dice mi hermana, metiéndose en todo, en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa y colaborando lo más que pueda”.

En la actualidad, Vásquez trabaja en una empresa de eventos, en donde se desempeña como la coordinadora de logística y, adicionalmente, tiene su emprendimiento que nació en pandemia. Debido a que los eventos se vieron afectados, tuvo una idea que decidió emprender en compañía de su hermana.
“Dulce sorpresa surge en época de pandemia, mi hermana se quedó sin trabajo. Yo prácticamente también porque no se podían hacer eventos, no podía haber aglomeración, entonces digamos que no fue ni planeado. El Día de las Madres del año pasado sentíamos que debíamos hacerle un detalle a las madres que eran cercanas y no teníamos para darle y decidimos hacer una chicha venezolana con unas galletas que horneamos y decoramos y a todos les gustó”.
Indicó que durante el 2020 la Asociación Salto Ángel la contactó para ser postulada al proyecto LISA, ya que vieron en Coralia un liderazgo que se debía mostrarse a otras personas. “Estoy muy agradecida por ese lindo gesto”.
Coralia no para, actualmente estudia Negocios Internacionales en la Universidad de La Guajira y, paralelo, estudia dos diplomados, uno en Liderazgo Político Juvenil y el otro en Innovación Social con el programa de Acdi-Voca.

Sobre su futuro aseguró que se ve primero “alcanzando todas esas oportunidades” y creando su propia fundación para ayudar a otras personas. Anhela poder convalidar su título universitario que le permita especializarse y “hacer una maestría en algún lugar del mundo”, lo que le permitiría seguir ayudando y sobretodo, motivar a que otros ayuden.

Entre el andar de la migración y su experiencia, le aconsejó a quienes dan el paso de irse de su país: “No se rindan. Sé que es difícil dejar la casa, su tierra, dejar a su familia, es muy duro dejar a los amigos, dejar tu forma de ser, tu cultura, todo lo que tienes y comenzar de cero, lo que significaba poner todo en una balanza y fue complejo, pero sí se puede, uno tiene que entender que estando en el exilio fuera de casa uno se prepara para recuperar a Venezuela”.

Pasión y motivación por la danza: talento de calle

Catalogado como una persona que “siempre busca dar, más que recibir”, Aldemaro Romero migró desde Venezuela a Colombia en busca de mejores horizontes. No obstante, su amor por la danza nunca murió, sino que al contrario, tomó más fuerza.

Desde los cuatro años de edad, Romero estuvo en varias ciudades de Venezuela, expresando su pasión por la danza, pasión que aún sigue viva pese a la migración. Cuenta que en su camino no todo ha sido color de rosa, porque por mucho tiempo ha escuchado las críticas que han recibido sus compatriotas, lo que le permitió reafirmar la idea de edificar sus bases de solidaridad y ayuda en este nuevo territorio para demostrar que los “buenos somos más”.

“Me considero un ser humano que vino al mundo a soñar hasta morir. Mi amor por la danza despertó el proyecto Talento de Calle, debido a la necesidad de expresión que no tenían las personas vulnerables en territorio guajiro. En este caso había afrocolombianos, venezolanos, distintas personas que querían unirse a este proyecto.

Romero relató que fue testigo de cómo los niños, por su zona de residencia, sufrían los estragos de la falta de alimentación y la extrema vulnerabilidad, “Talento de Calle se originó, primero que todo, como un grupo de niños y jóvenes que nos dedicamos a buscar el pan diario, a través del baile, la actuación y coordinando eventos, pero luego se proyectó a una acción más amplia desde lo social que actualmente está en conformación y desde donde espera contribuir a la cultura local desde la inclusión e integración”.

“Con mi proyecto Talento de Calle, las oportunidades serán muchas, más que todo en el área de la cultura y la expresión en las calles acerca de lo que es la danza contemporánea, la cumbia y la champeta, los cuales han sido género que han predominado en la tierra donde vivo y de la cual he aprendido mucho. Eso es de mucha contribución, en el compartir de conocimientos con otras personalidades que diariamente se dedican a lo mismo que tú qué es la danza, lo estoy aprovechando al máximo para fortalecer este proceso”.

Con esta iniciativa Arturo Romero fue focalizado por la Asociación Salto Ángel, con quienes se sintió identificado y pasó a formar parte de la Red de Voluntariado, participando activamente en las diversas acciones lideradas por la organización, con su muestra de talento: “la Asociación para mi representa una familia, una ventana de oportunidades que me ha permitido participar en programas de formación, en proyectos como Somos Enlace y el proyecto LISA. Estoy y estaré eternamente agradecido y trabajando de la mano con ellos”.

Su principal objetivo es hacer un trabajo colectivo y concretar sus raíces y sueños para poder ayudar a las demás personas, “esto empezó como algo muy pequeño, ahora se ha vuelto algo más grande que cada vez más personas se dan cuenta que estoy trabajando, que me estoy especializando y que estoy ayudando a otras personas en este ámbito”, actualmente son 35 niños y niñas que forman parte del movimiento que impulsa a las y los jóvenes a soñar y a reafirmar su liderazgo dentro del área artística.

Aldemaro, además de ser coreógrafo y bailarín, se destaca como productor audiovisual empírico, cuyos contenidos se pueden ver en sus redes sociales y actualmente se forma en un diplomado en liderazgo con lo que espera reafirmar y alcanzar sus ideales sociales.

“Sigo trabajando en mis producciones audiovisuales por Youtube. También estoy estudiando. En un futuro siempre me he visto cómo esa persona que dejó un legado en el lugar donde vivió, dejó su manera de expresarse y siempre defendiendo las cosas como si fuera una democracia. Para mí, la danza es una democracia. Más allá de años de experiencia en muchos eventos deja emociones cumplidas”.

Romero se ha caracterizado por tener un lado humano, teniendo un mensaje para más jóvenes que como él están migrando: “para esas personas que están migrando y creen en Dios, es él quien todo lo puede y realmente él me ha demostrado de que no vale ni el oro, ni la plata, sino su poder. Considero que estoy aquí gracias a él y que no tengan miedo a migrar y cambiar, siempre abran los horizontes y sus alas, recuerden que las aves que migran en el verano y vuelven en el invierno no son del mismo color”.

El sueño de una profesión y un emprendimiento por consolidar

Wiston Enriquez Vasquez Chirinos llegó a Colombia cuando tenía 21 años, su primer destino fue la ciudad de Santa Marta, sin embargo, pocas fueron las oportunidades que encontró en ese territorio, razón por la cual decidió buscar otros rumbos.

Así llegó a Riohacha por invitación de un amigo que lo ayudó a encontrar un empleo en una empresa de diseños.

Es oriundo de Cabimas, una ciudad del estado Zulia en Venezuela. Su sueño de culminar una carrera de Comunicación Social se vio truncado por la crisis económica de su país, el poder adquisitivo de su familia fue disminuyendo poco a poco. Ante este panorama, su primera decisión fue empezar a buscar oportunidades de empleo, la idea de emigrar era una posibilidad pero aún no estaba convencido de dejar a su familia.

Aún así, la crisis se volvió cada vez más compleja, aunque estaba aportando un ingreso para su hogar, no era suficiente, “conseguir un plato de comida para que comiéramos seis personas era difícil, recuerdo que había días que mi mamá dejaba de comer para darnos a nosotros” expresó Wistón. Situaciones como estas fueron repetitivas y se convirtieron en el detonante para que su papá y su hermano mayor tomaran la decisión de dejar Venezuela; tiempo después sería él.

En febrero de 2019 este joven tomó su bolso, una muda de ropa, una cobija y una almohada para cruzar la frontera, en sus bolsillos solo llevaba los pasajes y como único alimento para el viaje unas “mandocas” que le preparó su mamá, a quien no quería dejar, pero fue precisamente ella quien le dio la bendición y lo animó a buscar una mejor calidad de vida.

Estar de manera irregular en el país se convirtió en una de las barreras más importantes estando en Colombia, ya que no podía optar a un trabajo de manera formal o bien remunerado, enfrentarse a la xenofobia y al rechazo por ser migrante, también fue un reto en el territorio.

Ganarse la confianza de cada una de las personas a las que conoció no fue cosa fácil, sin embargo, las ganas de salir adelante y trabajar por ganarse diez mil pesos diarios para la comida del día, el pago de servicios y enviarle a su mamá a Venezuela, era una prioridad. Al comenzar la pandemia la situación que venía mejorando cambió nuevamente, se había quedado sin empleo. Lo que en adelante le esperaba era incierto, pero se sentía motivado a buscar alternativas para mejorar su situación.

Bien dicen que las mejores ideas surgen en momentos de crisis. Fue precisamente en medio de toda la situación por el confinamiento que Wiston y un amigo hornearon un pan en una olla arrocera, luego postres y tortas que comenzaron a comercializar entre los amigos más cercanos, esto le abrió una oportunidad, aunque no contaba con los implementos, su idea estaba ya fundada.

Para el día de los enamorados del año 2020, en plena pandemia, una amiga les pidió vender porciones de torta, fueron 600 porciones en total que ayudaron a apalancar este emprendimiento que actualmente es conocido como “Chocox”, pues la especialidad son tortas de chocolates que ofrece a buen precio a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.

A la par de este nuevo emprendimiento también se empezó a vincular con la Asociación Salto Ángel haciendo trabajo voluntario en la sala situacional instalada por esta organización como mecanismo para dar respuesta a la población migrante en medio de la crisis por la pandemia.

En esos días también fue invitado por el equipo que lidera la Organización a participar del proyecto “Somos Enlace” en su primera fase participando en la formación, producción y creación de contenidos para esta red de ideas.

Esta experiencia despertó nuevamente la ilusión de obtener un título profesional, por eso espera regularizar su estatus migratorio para convalidar su bachillerato y seguirse formando académicamente, aunque considera que tiene talento para la decoración de tortas y repostería, sigue anhelando el día en que pueda estar nuevamente en un aula de clases y concretar su proyecto de vida.

Con más de dos años en Riohacha este joven sueña con seguir consolidando este emprendimiento y tener un local donde las familias puedan comerse una torta, tener un espacio de integración familiar. De igual modo, espera organizar una escuela de repostería para niños, niñas y jóvenes y motivarlos a materializar y demostrar su talento.

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En 2019 las imágenes de familias indígenas enteras alimentándose de lo poco que podían sacar de los desechos que llegaban en el camión al basurero de Puerto Carreño, Vichada, generaron alarma en el país. Entonces, los políticos hicieron lo suyo y hablaron de atenciones inmediatas para esta población, que tres años después no solo continúa en la misma circunstancia; su situación se agudizó con la pandemia.

Las primeras alertas fueron emitidas por la Defensoría del Pueblo en redes sociales. En un hilo de Twitter publicado el 22 de julio de 2019 la entidad indicó que “en la basura (los indígenas) buscan alimentación, ropa y dónde habitar, ante la imposibilidad de acceder a servicios sociales”. Las imágenes que acompañaron la publicación son impactantes; decenas de nativos de todas las edades buscando, con un desespero que trasciende las fotografías, cualquier resto de comida que les permita calmar el hambre para aguantar la llegada del camión al siguiente día.

Unos meses después los medios nacionales se hicieron eco de la denuncia y mostraron videos de esa cruda realidad. “Lo que encontramos fue peor de lo que nos habían dicho”, dijo Juan Lozano, director de Noticias RCN para la época, durante la presentación de un informe especial en octubre de 2019.

En la mitad del basurero, un niño de unos siete años saca de un costal un plátano en descomposición y se lo come con total tranquilidad. Las imágenes muestran como otros menores de edad buscan rastros de bebida y comida en envases y envolturas.

Esa sigue siendo la cotidianidad de decenas de familias indígenas en la capital de Vichada.

“El tema no se ha acabado. Si vamos al relleno seguimos viendo niños, y ya no solo son indígenas, sino también niños venezolanos”, dijo Claudia Liliana Medina, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de un Consejo Departamental de Política Social realizado en abril pasado.

Henny Gutiérrez, una líder indígena que desde 2018 viene acompañando a las comunidades indígenas que se ubican en la ciudad de Puerto Carreño, asegura que los niños acuden a la basura “no solo para agarrar algo para comer sino a buscar algo que les sirva para reciclar, lo que les pueda servir. Es una forma de subsistencia”.

La respuesta a esta grave problemática fue la creación de un ‘Plan de Atención Integral para los Amorúa’. “Pero ese Plan de atención no es a corto ni a mediano ,es a largo plazo”, dijo a Noticias RCN el entonces alcalde de Puerto Carreño (2016-2019), Marcos Pérez Jiménez.

Una problemática migratoria

Sin embargo, la realidad es que el Plan parece no existir.

En 2020 hubo cambio de administraciones locales y departamentales y los nuevos funcionarios dicen no haber recibido durante el empalme el documento en el que se sentaron las bases de atención a la población indígena que ha llegado a Puerto Carreño desde Venezuela en los últimos años.

A ciencia cierta no se sabe en qué momento empezó el retorno de esas familias indígenas que hace décadas se fueron del país buscando un mejor futuro y que ahora retornan huyendo de la crisis social y política que hoy vive Venezuela. Lo cierto es que el éxodo migratorio incrementó durante la pandemia.

Como los nativos no tienen familia ni territorio donde habitar porque ya no forman parte de los censos de los seis resguardos que tiene el municipio de Puerto Carreño, se ubican en asentamientos ilegales regados por la ciudad. Según cálculos ligeros de Henny Gutiérrez, en 2018 en Carreño existían 11 asentamientos y para la fecha se tienen registros de 25.

El número de habitantes indígenas también es incierto. Las estadísticas de las autoridades locales hablan de unos 1.800, pero la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha dicho que, debido a subregistros, la cifra podría superar las 3.000 personas.

Las estimaciones de OCHA coinciden con la opinión de la líder indígena. “Hay unos censos en que esta semana tienen 150 personas, pero usted va a la semana siguiente y hay 170 o 180, porque por el flujo migratorio llegan los familiares de los familiares y así se van aumentando”, explica Gutiérrez.

Los asentamientos en Puerto Carreño se han establecido principalmente en zonas periféricas que hacen parte de reservas o terrenos inundables, que difícilmente pueden adecuarse con las condiciones mínimas de habitabilidad como servicios de electricidad, acueducto y alcantarillado.

“Ellos se están asentando en piedras donde no hay agua, no se puede hacer un séptico. La situación de insalubridad es total, son sitios no aptos para vivir”, concluye la líder indígena.

¿Un plan inexistente?

EL MORICHAL intentó acceder al documento del ‘Plan Amorúa’, pero ni en la Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas, ni en la Secretaría Municipal de Desarrollo Social dan razón del mismo. Aseguran que lo único que recibieron durante el proceso de empalme que se dio a finales de 2019 con el cambio de administración fue una tabla de Excel que contempla 100 actividades a realizar por parte de diferentes instituciones del orden local, departamental y nacional. 

Katty Yanes, actual secretaria de Desarrollo Social del municipio de Puerto Carreño confirmó que “no existe otro documento técnico, un documento con misión o visión no existe”.

Las actividades planteadas en ese Excel involucran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a los ministerios del Interior, Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, a Prosperidad Social, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a las secretarías departamentales de Salud y Agricultura, y a la Alcaldía de Puerto Carreño.  

“Hay muchos actores en ese plan, pero no han hecho un trabajo en coordinación entre todos para llegar a un feliz término. Cada uno jala por su lado y los que terminamos siendo muy perjudicados somos nosotros”, dijo Gutiérrez.

Durante el Consejo de Política Social el Procurador Regional, Álvaro Ricardo Bermúdez, cuestionó las irregularidades alrededor del Plan. Dijo que “los planes que no se articulan y no se les hace seguimiento quedan en el vacío”, y mencionó que la Procuraduría tiene un delegado para asuntos étnicos que estará presto a colaborar en el control de las acciones del ‘Plan Amorúa’.

Pero la inconformidad de los indígenas va más allá de la falta de articulación. Gutiérrez asegura que el Plan estaba mal enfocado. “Entregan un kit de alimentación, un kit de herramientas, de semillas. Pero no hay algo real. Les dan eso para decir, ya les dimos y que ustedes se defiendan”.

Consideran que una verdadera respuesta a la problemática gira en torno a un terreno donde puedan ser ubicados, y que se plantee un plan integral para la población indígena de Puerto Carreño, que, además de los Amorúa, permita involucrar a los Sikuani, Piapoco, Puinave, entre otras etnias, que también hacen vida en la capital vichadense. 

Para la líder indígena, “sin un terreno acá en el casco urbano, ese plan se va a ir en puro asistencialismo y no va a haber solución de fondo”.

“La disculpa que tiene el señor alcalde es que los seis resguardos que hay constituidos aquí en Puerto Carreño son muy extensos, pero no se pone a pensar que cada resguardo es autónomo de ver a quién recibe o no”, explica Gutiérrez.

Con el envío de indígenas a resguardos a los que no pertenecen ya hay amargas experiencias. Está el caso de un grupo de familias que fueron llevadas al resguardo Guacamayas, “el cabildo aceptó que los llevarán allá y hubo problemas internos porque las familias que llevaron, como no tienen una mata de yuca o no tienen nada pues terminaron comiéndose la yuca del vecino, de la otra comunidad, entonces se presentaron problemas”, explica la líder indígena.

Gutiérrez asegura que visitó las comunidades que se habían constituido en los resguardos producto de los retornos presuntamente adelantados por la administración de Pérez Jiménez. “Los llevaban a un centro de sabana, la fuente donde ellos agarraban el agua para el consumo quedaba a media hora. Los llevaron con una pala, una peinilla, les hicieron dizque una huerta casera (cilantro, pepino y otras cosas), que nosotros los indígenas no son nuestras costumbres”. La mayoría regresó al poco tiempo a la ciudad de Puerto Carreño.

Los retornos también continuaron durante la administración municipal de Jair Beltrán (2020). Yañes confirmó que, durante 2020, en plena pandemia, se realizaron tres retornos, y uno más en lo corrido del presente año. “Actualmente estamos a la espera de definir algunas acciones para realizar el traslado de 150 personas que están ubicados en las piedras del Tamarindo que van con destino a las Guacamayas, donde son aceptados y reconocidos por el cabildo indígena de la zona”, explicó la funcionaria.

Un plan coherente a las necesidades de la población indígena 

Durante 2020 la discusión sobre la problemática indígena estuvo frenada por la pandemia. Las entidades enfocaron su accionar en atender a la ciudadanía en general, y pese a que la Alcaldía de Puerto Carreño dice que durante los primeros meses de la emergencia entregó mercados en todos los asentamientos indígenas, los nativos aseguran que fue poco o nada lo que recibieron.

De hecho, un artículo de la periodista Angélica María Cueva, publicado el 11 de marzo de este año en El Espectador, da cuenta de que “gran parte de las acciones de atención a la emergencia humanitaria en Puerto Carreño las lideran diez Organizaciones no Gubernamentales, entidades y agencias de cooperación Internacional”.

Según el informe periodístico, solo en 2020, Acción contra el Hambre, Acnur, Pastoral Social, Unicef, el Consejo Noruego de Refugiados, Corporación Infancia y Desarrollo, las agencias de cooperación Suiza (COSUDE) e Italiana, para mencionar algunas, implementaron programas que superan una inversión de más de 6.300 millones de pesos.

En los primeros cuatro meses del 2021 las discusiones alrededor del Plan Amorúa se han intensificado. A mitad de abril ese fue uno de los temas principales en el Consejo Departamental de Política Social.

En ese espacio, el líder Sikuani Cesar Rodríguez, quien representa los territorios indígenas de Gauripa, Caño Hormiga, Caño Bachaco y el asentamiento de Bachaco Roncador, planteó varias acciones precisas en educación, salud y vivienda, entre otros aspectos sociales.

“La mayoría de los niños que deambulan no son de los resguardos indígenas, la mayoría son hermanos indígenas que han estado del otro lado del río Orinoco y que han vuelto por la situación de Venezuela. Han manifestado que por la documentación no han podido ingresar a las escuelas”, precisó.

Rodríguez también manifestó la urgencia de afiliar a esos indígenas al régimen de salud. “Muchos de ellos no son afiliados y cuando se enferman o padecen cierta enfermedad la única manera es desaparecer de este planeta”.

En ese espacio, Elizabeth Apolinar, secretaria de Asuntos Indígenas del Vichada, indicó que las instituciones deben escuchar a los pueblos indígenas, pero ve con dificultades la posibilidad de modificar el ‘Plan Amorúa’, “ya que fue todo un despliegue institucional a nivel nacional… pero se tomará en consideración la propuesta de integrar porque es importante tener en cuenta la visión de las autoridades indígenas”.

Por ahora, una salida visible a ese complejo panorama podría estar en la consolidación de una ‘mesa de concertación municipal’ que se estableció producto de los reclamos a través de las movilizaciones generadas por el Paro Nacional. “A esa mesa podemos llevar todos estos problemas que tenemos como población indígena”, dijo la líder Henny Gutiérrez.
“Es la única esperanza que tenemos”, concluyó.

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Historias territoriales nace de la necesidad de compartir las narrativas de las comunidades en tiempos de pandemia: los cambios que sufrieron las tradiciones culturales decembrinas, como nos cuentan la Fundación Indígena Intimakuna desde Guachucal, Nariño y Sabambu Estéreo desde Garzón, Huila; Los retos que trae la educación virtual en el sector de Los Laches en Bogotá por La Vox Populi; El cuidado de niños, niñas y adolescentes en Istmina, Chocó bajo el análisis de Canalete Estéreo; La situación de adultos mayores migrantes y de la educación en La Guajira bajo la óptica de Viva FM y Asociación Salto Ángel; La importancia de la mujer en el territorio de Inzá, Cauca, por Radio Campesina y el trabajo periodístico de El Morichal sobre el estado actual de las comunidades indígenas en Puerto Carreño.

La realización de estos productos comunicativos de largo aliento contó con el acompañamiento de la Fundación La Otra Juventud, no solo en la consolidación de esta revista, sino también en la producción de piezas radiales (pódcast) y documentos audiovisuales que también narran, desde otro ángulo, las visiones de quienes construyen comunidad con sus acciones.

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